¿Es razonable considerar el asesinato un delito?

Con relativa frecuencia nos indignamos ante noticias sobre asesinos o violadores que han sido puestos en libertad después de cumplir su condena (o peor aún, que disfrutan de un permiso penitenciario, incluso contra la opinión de las personas encargadas de valorar su peligrosidad) y que vuelven a reincidir con las funestas consecuencias que todos conocemos.

Esto es una consecuencia de los principios legales de igualdad y de proporcionalidad entre delitos y penas y de un cierto garantismo que busca limitar la capacidad que tiene el estado para castigar a los delincuentes de cara a evitar posibles abusos de poder.

Dejando aparte las multas, que considero simples sanciones administrativas sin mayor trascendencia, las penas de prisión se reservan para delitos de una cierta gravedad, resultando en muchos casos bastante difícil entrar en prisión o permanecer demasiado tiempo en ella. Estas penas, además del carácter punitivo, tienen como objetivo, establecido constitucionalmente, la reinserción del delincuente. Se trata de una obligación que atañe principalmente al estado, puesto que el delincuente acabará saliendo de la cárcel tarde o temprano independientemente de la peligrosidad objetiva que determinen los expertos, y su falta de reinserción como mucho evitará que salga antes de haber cumplido su condena íntegramente.

Ante esto, cabe preguntarse si tiene sentido englobar dentro de una misma figura, la del delito, actos tan diferentes en todos los sentidos como el robo y el asesinato o la violación. Es cierto que los delitos se diferencian por su gravedad, pero la escala aplicable es siempre finita, de manera que el axioma que solemos manejar sobre el ilimitado valor de la vida humana queda reducido a la mínima expresión en las cuentas resultantes de la proporcionalidad de las penas. Si estableciésemos, por ejemplo, un modelo matemático en el que tomásemos como unidad de referencia el robo de 1000 euros, podríamos establecer una equivalencia de todos los delitos en función de esta unidad, con los agravantes y atenuantes como factores de multiplicación o división, hasta conseguir una ecuación abyecta con la que podríamos valorar en euros la vida de un ser querido o el sufrimiento de una persona torturada, violada o secuestrada.

Cuando uno roba o estafa, su objetivo es simplemente la propiedad privada del prójimo. Es cierto que resulta despreciable engañar a una ancianita y quitarle los ahorros de toda una vida, pero el objetivo no es en ningún caso hacerla sufrir, simplemente al ladrón o estafador le importa un rábano este detalle. Por abominable que nos resulte esta forma de actuar, encuentro razonable, aunque no me gusta la idea, tratar de no ser excesivamente duro con el castigo, pues se trata de algo que en ningún caso es irreparable y podríamos llegar a causar un daño mayor, aunque sea al delincuente, que el que este ha infligido a la víctima. Nos consideramos civilizados porque intentamos evitar este tipo de cuestiones, más propias de la venganza bárbara que de un estado de derecho moderno.

Lo que no me encaja en este esquema es que, en un caso de asesinato, violación, tortura, etc. La acción tiene como claro objetivo directo la vida o la integridad física de la víctima. Estamos hablando de cosas a las que consideramos inadmisible ponerles precio a priori, pero a las que acabamos poniéndoselo a posteriori por imperativo legal. Si el objetivo de la parte punitiva de la pena es que el delincuente “pague un precio” por lo que ha hecho, considero que es obsceno en el caso de que este precio sea para pagar por una vida humana, o simplemente por el sufrimiento infligido a otra persona, esto no se puede simplemente tarifar como si fuera un vulgar servicio de “pago por uso”. Soy totalmente contrario a la pena de muerte, me parece simplemente un asesinato legal de una persona indefensa que pone al estado entero, ciudadanos incluidos si el estado es democrático, a la altura de aquellos a los que pretende castigar, haciendo que el castigo deje de tener sentido por contradictorio. Tampoco le veo ninguna ventaja a la posibilidad de reinserción. La sociedad no recupera ni gana nada arriesgándose a que el interfecto vuelva a sufrir un cambio de personalidad y vuelva a sus antiguos usos y costumbres. Aquí ya no estamos sopesando el derecho a la libertad de una persona frente a los derechos de propiedad del resto, sino del derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas frente al derecho a la libertad del agresor. Los de las personas inocentes deben quedar totalmente garantizados y salvaguardados.

Ante esto, la única opción seria que se baraja actualmente es la cadena perpetua. A mi modo de ver esto no elimina los problemas que tiene meter en el mismo saco cuestiones tan dispares como el robo y el asesinato. Las garantías legales aplicables a los delitos menos graves pueden impedir ser suficientemente estrictos con los delitos más graves, la reinserción de los delincuentes no deja de ser un precepto constitucional, y eso no encaja nada bien con la cadena perpetua. Por eso yo creo que deberían recibir otra denominación diferente, pongamos por caso criminales, y recibir un tratamiento específico diferente al de los delincuentes, encerrándolos incluso en instalaciones diferentes. Aunque por mi parte no me molestaría en intentar reinsertarlos, al menos debería quedar garantizado que, en caso de liberarlos de nuevo, no quedase nada en ellos de la persona que cometió el crimen.

Normalmente se alegan principios trascendentes (morales, religiosos, éticos, etc.) para justificar el trato compasivo hacia los delincuentes y la intención de devolverlos al buen camino, pero yo creo que la realidad es mucho más prosaica. Todos consideramos que, en algún momento de flaqueza o de necesidad, podemos cometer también algún delito, y no queremos vernos a pan y agua en un calabozo lóbrego esperando para que nos corten las manos o algo parecido. Esto es perfectamente comprensible en lo que respecta a los delitos contra la propiedad. Los pequeños hurtos en comercios están a la orden del día y causan pérdidas millonarias cada año, quien más quien menos “se baja” o “piratea” un montón de contenidos de pago como películas, series, música, etc. El otro día vi en un programa de televisión cómo los presentadores alertaban a la población, entre escandalizados y alarmados, de un nuevo timo en el que uno de los timadores deja caer una cartera llena de dinero delante de la “víctima” y su cómplice la recoge y le propone ir a repartirse el dinero a un sitio tranquilo. Entonces llega el primer timador reclamando su cartera y le vacía el bolso a la buena señora (la víctima siempre es una mujer). Lo más significativo es que parecía que veían como lo más normal del mundo que uno se reparta el dinero del prójimo alegremente. Infracciones de tráfico, conducir bebido, y un largo etcétera hacen que sea bastante sensato reservarse algo de compasión por si acaso un día se te va la mano y te metes en un lío de verdad. Ya mí me parece más correcto y civilizado esto que comportarse como un salvaje con los delincuentes, por mucho que a todos se nos lleven los demonios si nos vacían el piso o nos estafan los ahorros de toda una vida.

Pero con los criminales la cosa cambia. Espero no vivir en una sociedad en la que la mayoría de la gente no esté segura de que no va a asesinar, violar, torturar o secuestrar a alguien en algún momento (asesinar es matar con esa intención, el resto no se puede cometer sin ella). Antiguamente esto era algo bastante común, incluso estaba contemplado, en algunos casos, como algo justificado, pero en las sociedades civilizadas modernas creo que para la mayoría es innecesario incluso prohibirlo, y no me parece que se gane nada teniendo miramientos con aquellos para los que si hace falta.

Pero el problema con esto no viene precisamente del lado de los criminales. No queremos dar a nuestros gobernantes e instituciones un poder tan grande que se pueda volver un día contra nosotros por un quítame allá esas pajas convertido en un crimen de estado. Con las dictaduras no hay nada que temer, pues no se van a ver sujetas a nuestras leyes para bien ni para mal. Si se produce un cambio de una democracia a una dictadura, ya se inventarán leyes todo lo duras que consideren necesario. El problema viene cuando son las propias democracias las que cometen estos abusos. Un ejemplo especialmente abyecto es el de Alan Turing, uno de los padres de la ciencia de la computación y la informática. Para quien no crea que esto es algo importante, o incluso que es perjudicial, Turing fue además una especie de héroe de guerra, pues contribuyó a acortar bastante la segunda guerra mundial al conseguir descifrar los códigos secretos de los nazis. Pues bien, como pago a sus servicios, la justicia británica le procesó y condenó por homosexualidad, dándole a elegir entre la prisión o la castración química. Turing escogió lo segundo, y vivió envenenado por el estado hasta su muerte pocos años después en extrañas circunstancias. Hasta finales del año 2013 no se le exoneró oficialmente de culpa. No, no es una buena idea darle demasiado poder al poder, incluso aunque esto nos lleve a comportarnos estúpidamente en ciertas cuestiones. Una sociedad democrática en la que los ciudadanos desarrollan una autoridad verdadera (no una puramente nominal, que es la que normalmente encontramos en la realidad) puede controlar al gobierno y a las instituciones simplemente por medio de la opinión publica (probad a hablar con una persona que tenga autoridad de verdad), en lugar de volverse loca intentando implantar medidas de control (que la mayoría de las veces o no funcionan o funcionan mal) que parecen más orientadas a defenderse de la mafia que de los abusos de los políticos.

Por todo ello, que nadie piense en esto como una propuesta, pues sería el primero que se opusiese a que se pusiera en práctica algo así ceteris paribus (o sea, sin cambiar nada más). Es solo un ejercicio de filosofía del derecho cuya única finalidad es insistir en la necesidad de desarrollar la autoridad para poder resolver la mayoría de los problemas complejos que tienen nuestras flamantes sociedades de la era del conocimiento y la información.